En este mes de enero de 2025 se cumple un año de cuando los vecinos de Punta del Diablo y de la costa de Rocha se enteraron y comenzaron su lucha por la suspensión del impuesto a la edificación inapropiada aplicado por el ex intendente de la Intendencia de Rocha, Dr. Alejo Umpiérrez.
Recordemos que son 3.500 padrones afectados y que, según el ex intendente, fueron identificados por medio de un dron.
El impuesto fue aplicado en La Paloma, excepto Barrio Parque, La Pedrera, Ampliación La Pedrera, San Sebastián, Santa Isabel de La Pedrera, Punta Rubia y Punta del Diablo.
Entrevistamos al Dr. Edgar Luzardo, abogado, vocero del movimiento y vecino residente no afectado por la medida, pero que trabajó en forma honoraria por los vecinos.
La entrevista, no por extensa, sino por la complejidad del tema, la publicaremos en dos ediciones.
PARTE 1
¿Cómo fue que se involucró en este movimiento?
Inicialmente, fui consultado profesionalmente respecto de la aplicación del impuesto a la edificación inapropiada. Sobre los aspectos jurídicos que involucran al mismo, y sobre todo por el modo de notificación a los vecinos.
¿Qué le llamó la atención con respecto a la notificación?
En un análisis inicial resultaba ilegítimo el modo de fiscalización utilizado, pero sobre todo que no existían notificaciones. La comunicación fue vertida a través de algún medio de prensa o, en su defecto, de lo publicado en la página oficial de la Intendencia Departamental de Rocha. Esto no cumplía a mi juicio con los requisitos mínimos que requiere una notificación veraz, certera y que cumpla con su cometido.
¿Usted hizo públicas otras observaciones?
Sí, sobre todo resultaba y resulta claro, que vulneraba y vulnera el principio de igualdad tributaria, siendo discriminatorio, ilegítimo y tendencioso, que sólo responde, conforme a análisis posteriores, a un fin recaudatorio. Y que no propendía a la regularización de los inmuebles afectados por la aplicación del impuesto.
¿Cómo siguió su participación?
Luego de dicha consulta se me invitó a una Asamblea donde se expuso sobre lo relatado, y se determinó que no era posible interponer recurso administrativo, porque los plazos ya habían transcurrido. Pues al tomar conocimiento cada propietario o poseedor de la aplicación del mismo tenía 10 días para recurrir y los mismos ya habían transcurrido al momento de llevarse adelante la asamblea de vecinos.
¿Realizó alguna gestión?
Sí, fui invitado a participar en una reunión con el intendente de Rocha, el Dr. Alejo Umpiérrez, a fin de revisar la aplicación del impuesto y, en definitiva, desaplicarlo. Proponíamos formar una comisión que atendiera la realidad de la costa y llevara adelante un plan de regularización eficaz.
¿Cuál fue el resultado?
Lamentablemente, el Sr. Intendente no procedió a recibir a la comisión designada. Desatendió una problemática social, ya que desatendió todas y cada una de las realidades de los vecinos.
Lamentablemente, el referido Dr. Umpiérrez, como ha quedado patentizado, faltó a la verdad flagrantemente en medios de comunicación, afirmando que las viviendas donde se aplicaba el impuesto superaban los trescientos mil dólares, y en algunos casos denostando a los vecinos con declaraciones desajustadas a la realidad, pero por sobre todo que no son acordes a su investidura. Jamás pudo controvertir los argumentos de quien habla, ni de los vecinos. Prueba de ello es que siempre desvió las consultas específicas, incluso las que tuvo conmigo.
El argumento utilizado por el Sr. Intendente respecto de la vulneración del principio de igualdad tributaria no solo fue desacertado, sino que, acorde a su preparación profesional, resulta totalmente fuera de lugar. Se limitó a decir que existe desigualdad tributaria para aquellos que sí abonan lo que corresponde a su construcción.
Este es un argumento proselitista y populista, cuyo efecto es pretender enfrentar vecinos. Carece de todo sustento jurídico, por lo que ante los sólidos argumentos de los vecinos se utilizó los medios de comunicación, solo a los efectos de desacreditar el reclamo.
Todo esto me llevó a que tomara la decisión de ser parte activa del movimiento ante el avasallamiento llevado adelante por la IDR en la persona de su intendente.
El resto ya resulta una anécdota, con reuniones con legisladores, citaciones a la Junta Departamental, denuncia ante la Comisión Especial de Asuntos Departamentales y Municipales del Senado, como también exponer el problema en diferentes medios de comunicación locales y nacionales.