Esta es la segunda parte de la entrevista realizada al Dr. Edgar Luzardo respecto a la problemática de la aplicación del impuesto a la edificación inapropiada en la costa de Rocha. Tema complejo que requerirá para su solución que el titular de la actual administración departamental lo revea y suspenda su aplicación o que el 11 de mayo de 2025 en las próximas elecciones departamentales el Frente Amplio cumpla lo prometido la campaña política y lo deje sin efecto.
Parte 2
Con la aplicación del impuesto, ¿cuáles son las situaciones que se les crearon a los vecinos?
En principio hay que recordar que a los vecinos se les instó a firmar una declaración jurada en blanco, en la que se obligaban a regularizar y así no se les aplicaría el referido impuesto. Esto generó dos situaciones. Una para quienes no firmaron la declaración jurada y otra para quienes sí lo hicieron.
¿Cuáles fueron estas situaciones?
Para quienes no firmaron la declaración jurada, por la inseguridad que ello implicaba, se encontraron y se encuentran en una situación de constricción administrativo-económica y ello porque no se les permitió abonar la contribución inmobiliaria, si no se abonaba conjuntamente con el nuevo impuesto.
¿Estos pagos se podían haber hecho por separado?
Sí. Obsérvese que estos dos impuestos, contribución inmobiliaria y edificación inapropiada, son distintos; por tanto, el impedir el pago de la contribución resulta un avasallamiento e ilegitimidad manifiesta de los derechos del contribuyente, generando así el endeudamiento en este, ya que es de recordar que el nuevo impuesto importa 20 UR, es decir, $ 34.885, y muchos vecinos no pueden enfrentar ambos. Existe a la fecha endeudamiento e incertidumbre de muchas familias que no pueden afrontar el nuevo impuesto y carecen de certeza respecto a su situación a futuro. En segundo lugar, quienes firmaron la declaración jurada se encontraron con que, para regularizar, debían cumplir con la normativa de edificación existente en el departamento, en un plazo preestablecido, pero en la referida declaración jurada no se expresaba esto.
¿Hubo reclamos?
Ante los reclamos de los vecinos, el ex intendente Umpiérrez se reúne y acuerda con algunos vecinos de Punta Rubia y Santa Isabel de la Pedrera que, a los efectos de llevar adelante la regularización, no se debería cumplir con la norma de edificación departamental. Atento a ello, por una orden de servicio, la que no es vinculante, el ex intendente ordena al departamento de arquitectura no aplicar la normativa departamental y tomar los inmuebles tal cual están. Es decir, desaplicó la norma. Sin tener potestades para ello,
¿Qué establecía la orden de servicio?
Establecía que no se atenderían las alturas, los retiros, etc. Debiendo solo sí cumplirse con la construcción de la parte sanitaria conforme a la normativa. Esta orden no sólo es ilegítima, sino que además a futuro crea situaciones de inseguridad jurídica, las que redundarán en controversias entre vecinos y con las siguientes administraciones, ya que la referida orden de servicio no resulta una norma que pueda ser opuesta, pues no tiene la fuerza de tal.
¿Qué sucedió entonces?
En definitiva, el ex intendente Umpiérrez, con su orden de servicio, creó una situación difícil de solucionar a futuro. Creó controversias entre vecinos y, más aún, creó controversias en la propia Intendencia Departamental Rocha con sus propios funcionarios partícipes en la aplicación de dicha orden.
¿Qué sucedió con quienes firmaron la declaración jurada?
Quienes firmaron la declaración jurada y comenzaron a regularizar se encontraron con que los gastos superarían en muchos casos los U$S 10.000. Esto para muchos resultó inviable de hacer en tan corto plazo. Lo que implica que, al no poder cumplir con los plazos estipulados, les recaería el impuesto nuevamente. Es claro que, sin una norma específica para la costa de Rocha, lo llevado adelante por la Intendencia hace inviable la pretendida regularización, ya que no se está regularizando, sino que se están incumpliendo normativas con el aval de la propia administración. Esto demuestra que el fin no era regularizar, sino que la intención del ex intendente Alejo Umpiérrez era recaudar.
¿Cómo se soluciona este problema?
Para solucionar toda esta situación se necesita desaplicar de modo urgente el impuesto como medida inicial. Pero sólo con ello no se salvaguardan los derechos de los vecinos. Se deberían dejar sin efecto las declaraciones juradas, y para aquellos que no firmaron la declaración jurada y no han podido afrontar el pago conjunto de ambos impuestos, se les debe otorgar un plazo prudencial para abonar la contribución del año 2024, dejando sin efecto quitas de multas y recargos. Para aquellos que iniciaron la regularización y pretenden culminarla, darles plazos muchísimos más amplios. Y fundamentalmente crear una norma de edificación para la Costa de Rocha que atienda las situaciones particulares de la misma. Para ello se necesita un estudio exhaustivo formando un equipo de profesionales en las áreas correspondientes.
¿Es suficiente la solución con la creación de nuevas normativas?
No, luego de creada la nueva norma, se deberían de otorgar beneficios a quienes propendan a regularizar y además atender situaciones de familias que no están en condiciones de regularizar por falta de recursos. Se deben de realizar acuerdos con Facultad de Arquitectura, Mides etc. En definitiva, se creó más caos con el impuesto que soluciones a las que, según el discurso del ex intendente, propendía.
¿Cuáles fueron los resultados de los contactos mantenidos con actores políticos?
Es de destacar que se intentó mantener contacto con todos y cada uno de los actores políticos. A la fecha existe solo el compromiso expresado públicamente de los candidatos departamentales del Frente Amplio (Aníbal Pereira y Flavia Cohelo) a dejar sin efecto este impuesto, no siendo la misma la posición del Dr. Umpiérrez, quien incluso mencionó que se extendería a otros balnearios. Esperamos que los compromisos asumidos públicamente por los candidatos a intendente se lleven adelante, pero que, además, se trate el tema en profundidad. Siempre esperamos que quienes hasta la fecha se han opuesto (ediles blancos y colorados) recapaciten, y si realmente pretenden una regularización, la lleven adelante de forma ordenada con normativas acordes y sin avasallar derechos de los vecinos.