El gobierno firmó este jueves el acuerdo entre OSE y Aguas de Montevideo, un consorcio integrado por las empresas constructoras Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast.
El futuro ministro de Medio Ambiente, Edgardo Ortuño, criticó la decisión de la administración saliente de Luis Lacalle Pou, de firmar el contrato que habilita el desarrollo del proyecto Neptuno en Arazatí.
Para Ortuño, el proyecto es “un importante error que desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales, dejando a OSE en situación financiera crítica que afecta su capacidad para prestar los servicios de agua, saneamiento en todo el país y realizar obras estratégicas como Casupá”, que podrá embalsar 118 millones de metros cúbicos de agua para complementar los 77 de Paso Severino.
Agregó además que “Afecta significativamente la capacidad de acción del nuevo gobierno electo por la ciudadanía, y limita los acuerdos nacionales para construir la política de Estado que el país necesita para el cuidado y abastecimiento del agua, por el que seguiremos apostando”.
Desde Presidencia aseguraron que el proyecto Neptuno significa “la inversión más grande de la historia del país en infraestructura para agua potable”. En un comunicado difundido por el gobierno tras la firma del contrato dice que, “de esta manera, se culmina un proceso que se inició en noviembre de 2022, cuando el gobierno anunció la realización de la obra para la construcción y la operación de un sistema de potabilización y abastecimiento de agua potable que permita tener una fuente alternativa ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos”.
La decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou se llevó a cabo sin el aval del gobierno entrante, que liderará Yamandú Orsi.
Que es el Proyecto Neptuno
También conocido como Proyecto Arazatí, es un proyecto de desarrollo de infraestructura hídrica en Arazatí, en el departamento de San José, Uruguay. En 2020, un consorcio de empresas integrado por las empresas Berkes, SACEEM, CIEMSA y FAST denominado “Aguas de Montevideo” presentó el proyecto para la realización de una planta potabilizadora de agua tomada del Río de la Plata en la zona de Arazatí. El 15 de noviembre de 2022 el presidente Luis Lacalle Pou anunció en conferencia de prensa la aprobación del proyecto Neptuno.
El proyecto tomaría agua del Río de La Plata, con el objetivo de aportar aproximadamente un 30% del volumen de agua potable para la zona metropolitana. También contempla la construcción de un pólder o laguna artificial, con una capacidad de 4.0 hectómetros cúbicos.
Conflictos y debates
Desde sus inicios, la iniciativa generó conflictos y debates ambientales. Hay tres ejes principales en el debate del conflicto. Por un lado, existe un debate sobre el impacto ambiental de la construcción de la planta. Hay una disputa entre OSE y la comunidad científica perteneciente a la Universidad de la República sobre la forma más eficiente y adecuada de proveer de agua potable a la población de la zona metropolitana. Por último, hay una discusión alrededor de los términos del contrato entre el consorcio privado y la empresa estatal OSE.
Desde el punto de vista medioambiental la realización de esta obra y el funcionamiento de la planta supondrían un impacto negativo, con pérdida de biodiversidad animal y vegetal, daño en áreas protegidas, daño en las dunas y contaminación de aguas subterráneas, entre otros. Otros problemas que podrían surgir son la elevada salinidad del agua del Río de la Plata y la alta presencia de cianobacterias.
En junio de 2023, la Justicia rechazó un recurso de amparo presentado por la organización Redes Amigos de la Tierra contra la iniciativa del Proyecto Neptuno.
Una acción de nulidad presentada por la Federación de Funcionarios de OSE está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
En mayo de 2024 el Tribunal de Apelaciones en lo Civil admitió la demanda presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización civil Tucu-Tucu, con el patrocinio de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República. El Tribunal consideró que las organizaciones sociales tienen legitimidad para reclamar medidas de no innovar en un caso en el que está en juego la protección del ambiente.
En junio de 2024 el recurso presentado al Tribunal de Apelaciones pasó el caso al juez. El juez emitió una resolución en la que ordenó a OSE no innovar y que no suscriba el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo argumentando que: “no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades que pudiera haber de sobrecostos gravosos en las tarifas del agua”.