Por Daniel Romero Carrasco. Redacción de Nuevo Diario.
En el pintoresco balneario de Punta del Diablo, un nuevo conflicto entre vecinos y la Intendencia Departamental de Rocha (IDR) ha encendido el debate sobre la participación ciudadana, el cuidado del medio ambiente y los límites de las decisiones gubernamentales.
Todo comenzó cuando la Intendencia anunció la ejecución de obras de adoquinado en la calle principal del balneario, específicamente en la conocida “Bajada de los Pescadores”. Según lo declarado por la IDR, la iniciativa buscaba mejorar la accesibilidad y el estado general de una vía fundamental para la dinámica turística y residencial del lugar. Sin embargo, un grupo de vecinos se manifestó en contra de las obras, argumentando que no se les había consultado previamente ni se contaba con los permisos ambientales correspondientes. Ante esta situación, iniciaron acciones judiciales.
Pese al litigio en curso, las obras comenzaron y avanzaron hasta completar aproximadamente la mitad del tramo proyectado. Fue entonces cuando el Juzgado Letrado de lo Civil de 9º turno dictó una medida de “no innovar”, deteniendo las obras. La resolución judicial especificó: “Lo que se detiene son las obras de adoquinado y no otras tareas de mantenimiento ambiental ajenas a las mismas.”
La decisión trajo consigo una nueva controversia: ¿puede o no la Intendencia mantener la parte restante del tramo aún no adoquinado, compuesto por unos 700 metros de balastro? Los vecinos sostienen que sí, dado que el mantenimiento básico es necesario para garantizar la transitabilidad y evitar riesgos. La Intendencia, en cambio, sostiene una postura contraria.
Como respuesta, la IDR colocó un cartel en la zona donde informa públicamente la existencia de la medida judicial y el número de expediente correspondiente: “Por resolución de Juez Letrado de lo Civil de 9º turno en el juicio ‘Laporta Miguez, Paula y otros C/IDR y otros’ prohibición de innovar” IUE 2-10080/2025. El cartel indica además que, para evitar cualquier interpretación errónea y el riesgo de sanciones judiciales, no se realizará mantenimiento ni obras en el tramo en disputa.
Este cartel provocó una nueva reacción entre los vecinos que expresaron su malestar, por la mención directa del nombre de una de las personas que figura en la demanda, interpretando la acción como una forma de exposición pública indebida. Por su parte, la Intendencia sostiene que se limitó a reproducir la carátula del expediente judicial, sin intención de señalar a nadie en particular.
Más allá de las posturas enfrentadas, lo ocurrido en Punta del Diablo pone sobre la mesa cuestiones relevantes para toda la comunidad. Por ejemplo: ¿Cómo se comunican y toman decisiones las autoridades con transparencia hacia los vecinos? ¿Qué rol juega la ciudadanía organizada en la protección del entorno? ¿Cómo equilibrar el crecimiento y desarrollo de infraestructuras con el cuidado ambiental y la convivencia democrática?
El desafío ahora es construir puentes. Es imprescindible que todos los actores involucrados—vecinos, autoridades y justicia—puedan encontrar un camino común basado en el diálogo, la transparencia y el respeto. Las decisiones que impactan a una comunidad deben nacer del consenso, no del enfrentamiento.
El futuro de nuestros espacios compartidos e intereses comunes, se construye con participación, con empatía y, sobre todo, con la convicción de que cada conflicto, puede transformarse en una oportunidad para hacer mejor las cosas.